Descripción
La emergencia en América latina de un constitucionalismo terrigenista enarbolado por los nuevos movimientos sociales y entendido como proyecto descolonizador, tanto en el sentido epistémico de la pluralidad de los saberes y de la variedad de los sentidos y espiritualidades, cuanto en el político de la multiplicidad de la autoridad jurídica y socio-comunitaria -cuyos rasgos serían la interculturalidad, la plurinacionalidad y la simbiosis con la naturaleza- ha colocado en la agenda social el reconocimiento de una diversidad de identidades etno-culturales y funcionales que hacen imperiosa la potenciación de la actividad ciudadana dentro del sistema de relaciones de poder.
Es necesario construir un nuevo criterio acerca de la participación en el poder del Estado, el cual sea útil para legitimar al ordenamiento constitucional en su funcionamiento garantista y en su orientación hacia el Buen Vivir. Dicha participación empoderativa se encuentra configurada en su gran novedad enunciativa, dentro del texto de la actual Constitución ecuatoriana (2008) a manera de institución fundante del Estado, la cual configura preceptivamente una auténtica cogestión estatal como sistema rector del régimen socio-político y del ordenamiento jurídico, con las consecuencias que ello conlleva.
Abordar el tema de la participación ciudadana dentro de las garantías constitucionales significa destacar el papel de aquella dentro de la construcción de una nueva forma de cogobierno político y de cogestión de la administración de lo público, surgida a partir de un proceso de redefinición del Estado ante la necesidad imprescindible de incorporar al pueblo -en toda su vibrante y rica composición plural- a la gobernanza, para avanzar colectivamente hacia una vida digna y justa.
